Por qué los siguientes años podrían ser el mejor momento para opositar a Juez o Fiscal
Escribo esta entrada para contrarrestar -en lo que mi poca influencia pueda- el temor de que puedan convocarse pocas plazas debido a la situación económica.
Aunque nunca puede saberse y nadie tiene una bola de cristal, lo mismo que los pesimistas te van a señalar la inflación y la deuda del Estado para meterte miedo, yo quiero decirte que el mejor momento para opositar a juez o fiscal podrían ser los siguientes años.
Aunque la dureza del status de opositor puede desanimar a muchos, hay que mantenerse positivo y centrarse en lo que uno puede controlar.
Pero esto no quita que para la Administración de Justicia se avecinen urgencias en cuanto a la cobertura de plazas de jueces y fiscales.
Tabla de contenido
Número de plazas convocadas: un aspecto clave de la oposición
Una de las situaciones que más dudas generan a los opositores a Judicatura y Fiscalía es la cantidad de plazas disponibles. Dado que de un número aproximado de 5 000 aspirantes solo el 6% lograron ingresar en las últimas convocatorias. Lógicamente, cuanta mayor sea la ratio de opositores por plaza, mayor dificultad de tener éxito.
La cantidad de plazas convocadas no es una preocupación única de los postulantes, sino también de quienes se encuentran en la Carrera Judicial y en el Ministerio Fiscal actualmente. Ejemplo de ello son los reclamos de distintas instancias que se escucharon el año pasado respecto a la convocatoria para oposiciones judiciales, debido a que solo se convocaron 200 plazas, en comparación con las 300 de 2 020 y 2 019.
Como se sabe, la cantidad de puestos abiertos a convocatoria es decidida finalmente por el Gobierno que, por la crisis económica surgida a partir de la pandemia, debió ajustar los Presupuestos Generales del Estado para paliar los posibles efectos negativos de la situación.
Mejorarán las oportunidades para opositar a Juez y Fiscal
No obstante este panorama desalentador, debemos ampliar el foco para entender las posibilidades a las que se enfrentará el opositor en los próximos años.
Debemos recordar que, desde 2 012, las plazas convocadas para estos puestos en la Administración de Justicia no superaban las 100. Sin embargo, en 2 018 se incrementaron considerablemente con 190 para jueces y 110 para fiscales y desde entonces se han mantenido en ese número, hasta que llegó el coronavirus.
Pero, teniendo en cuenta una eventual recuperación progresiva de la actividad económica, hay circunstancias adicionales que podrían motivar cambios urgentes en el número de plazas en las próximas convocatorias para opositar a juez o fiscal:
El envejecimiento de la Carrera Judicial y las jubilaciones
Por un lado, está un problema del que se habla hace muchos años y que no es exclusivo de la Administración de Justicia, aunque sí es uno de los sectores del Estado más afectados: el envejecimiento de los funcionarios.
Según información del Consejo General del Poder Judicial, la edad media de los 5 408 jueces actualmente en activo es de 51,6 años. Y aún más, el 20,1% (1 018) de ellos superan los 60 años, la edad mínima de la jubilación establecida.
Si bien podría pensarse que esto no es raro en una profesión en la cual se continúa trabajando hasta los 70 años -y, para el caso de los Abogados, más allá, tal como señala Economist & Jurist, sí es preocupante para el Estado. Recordemos que la edad de jubilación máxima para jueces es a los 72 años, en el caso de una prolongación del servicio más allá de la edad forzosa de 70 años, y la voluntaria a los 65, mientras que la jubilación anticipada se da a los 60.
Esto significa que, en los próximos años, las plazas vacantes por jubilación irán incrementándose por causa de la avanzada edad de este segmento de jueces. Si en 2 022 se cuentan 342 puestos vacíos en Judicatura debido a diversos factores -entre ellos el envejecimiento-, a finales de 2022 habrá 60 más y un aproximado de 85 adicionales en 2 023 por este motivo.
Más aún, se considera que, en los próximos años, el número de vacantes judiciales seguirá creciendo teniendo en cuenta que los muchos juristas que ingresaron a la Carrera Judicial en los años 80 ya cumplirán con su tiempo de servicio, como indica El Diario.
La insostenible justicia interina
Por otro lado, hay otro factor: el incremento de jueces interinos en funciones. En este sentido, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial afirmó recientemente que son 1 088 los funcionarios bajo este régimen.
Y es una situación que alcanza también a los propios miembros de este órgano, que debieron ser renovados desde 2 018, y a los fiscales. Por ejemplo, respecto de estos últimos se convocaron 254 plazas sustitutas para el período 2 022-2 023.
Es conocido que estos puestos son asignados mediante concurso público en el que se selecciona a graduados en Derecho con reconocida trayectoria profesional. Sin embargo, no ocupan una plaza permanente del Poder Judicial y su mandato debe ser de carácter excepcional y subsidiario, de acuerdo con la Constitución y reglamentos pertinentes.
Posteriormente, las plazas que ocupan temporalmente deberán ser convocadas mediante oposiciones regulares.
Tal como señala el CGPJ, el alargamiento o “cronificación” de algo que debería ser excepcional es generado por el número insuficiente de plazas convocadas en las oposiciones de Judicatura y el déficit estructural de la justicia española.
Todas estas razones sugieren que dentro de poco la insostenible situación de la justicia interina debería traducirse en convocatorias con mayores números de plazas que permitan a un buen número de opositores pasar a ocupar plazas permanentes de juez o fiscal.
El incremento de la litigiosidad supondrá mayor necesidad de jueces
Más allá de las causas propias del sistema judicial, existe otra que tiene que ver con un cambio cultural de los españoles: cada vez más se acude ante los tribunales para resolver controversias.
De acuerdo con un informe de 2020 de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, en este país tenemos 2,7 ligitios por cada cien personas, que es superior a la media europea de 2,2. Y de hecho, desde 2 007 los asuntos civiles aumentaron en un 78%, mientras que los del orden social aumentaron un 32%.
Muchos de estos casos no fueron absorbidos por los correspondientes órganos judiciales entre 2 017 y 2 020. Es decir, se presentaban más asuntos de los que se resolvían. Si bien sí se alcanzó este objetivo en 2 021, aún se mantiene un elevado porcentaje de litigios pendientes y sigue creciendo el retraso de la justicia.
También hay que considerar que la justicia española, cuenta con un promedio de 11,5 jueces y 5,2 fiscales por cada 100 mil habitantes. Esto, en comparación el promedio de la UE -17,7 jueces y 11,5 fiscales- muestra que es muy necesario crear nuevas plazas para opositar a juez o fiscal.
Sobre todo, si tenemos en cuenta que este retraso también afecta económicamente al país, al generar pérdidas por 11 mil millones de euros al año, solamente debido al estancamiento en la ejecución de sentencias.
Una burrada.
Recurso de amparo en defensa del derecho a la tutela judicial efectiva
Un motivo adicional que podría conducir al aumento de plazas en judicatura es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que planteó un abogado de Sevilla y que fue aceptado recientemente por el Tribunal Constitucional.
Se trata, como señala la Segunda Sección de la Sala Primera del Tribunal Constitucional, de un litigio que tiene “especial trascendencia constitucional”. Dado que versa sobre el eterno debate sobre cuán tardía puede ser la justicia y seguir siendo justa. Según cómo se pronuncie el TC sobre el retraso crónico de la justicia y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, podría generar cambios en la estructura de la justicia española. Recordemos que tiene una carga de trabajo tan sobredimensionada que la lleva actualmente a diferir la atención de ciertos casos para fechas tan lejanas como 2 026.
De obtenerse una sentencia que declare que la dilación actual de la justicia vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (lo cual es posible, dadas las circunstancias y el propio auto de admisión del Tribunal), el Gobierno Español se vería obligado, no solo a actualizar más procedimientos, sino a abrir mayor número de plazas para opositar a juez o fiscal para cubrir las necesidades de justicia de la sociedad.
Y no porque le importe mucho lo que diga el Tribunal Constitucional en sí, sino porque abriría la puerta a un aluvión de demandas por daños y perjuicios basadas en la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, lo que generaría un inmenso coste para el Estado.
Nuevas plazas para opositar a Juez y Fiscal
Todo esto puede condicionar, en los próximos años, el aumento de las plazas judiciales. Y es que debemos considerar además el crecimiento poblacional de España, la sobrecarga procesal de los tribunales -que alcanza un 240% del trabajo regular-, la necesidad de establecer estándares de calidad mínimos, así como la creación de nuevas leyes y reformas de las existentes.
Si ya se requieren 563 plazas nuevas para judicatura, con todas estas cifras que evidencian el déficit en la plantilla, es previsible que en las convocatorias siguientes veamos un incremento de las oportunidades para quienes quieren opositar a Jueces y Fiscales.
Espero que este artículo haya sido un aliciente para vosotros. Quizá podría también motivarte saber cuál es el sueldo de estos funcionarios.
